V INFORME FLACSO - Tercera parte

CRISIS FINANCIERA


3a de 5 partes




III. IMPACTOS PREVISIBLES

Los impactos previsibles de los diez factores reseñados pueden agruparse en torno a los siguientes temas: pobreza, inequidad, tensiones en los sistemas políticos, inestabilidad y crisis política, corrupción, débil confianza institucional, debilidad en el Estado de Derecho e incremento de la violencia. También se da cuenta de las principales respuestas de los gobiernos de la región.

1.  Sobre la pobreza- dificultad de reducción

La región latinoamericana y caribeña logró, desde el año 2002, reducir de manera considerable la pobreza. Los esfuerzos de los gobiernos Latinoamericanos posibilitaron reducir de un 44% a un 33,2% el índice de pobreza e indigencia de la región. En esta última, para el mismo período, significo una reducción de un 19,4% a un12,9%, entre los años 2002 al 2008. En términos del número de pobres las reducciones también fueron importantes de 221 millones de pobres e indigentes que había en la región en el año 2002 se logró reducir a 182 millones. Si bien esta cifra es muy alta y refleja la vulnerabilidad en la cual se encuentran casi 200 millones de latinoamericanos(as), el período 2002- 2008, muestra una continua reducción en los índices de pobreza e indigencia. Esto posibilita, como se señaló anteriormente, que la región se encuentre más fuerte para enfrentar la crisis que en cualquier otro momento del pasado.

En el contexto actual de crisis mundial, la cantidad de personas en pobreza o indigencia será mucho mayor de lo que habría sido si los avances hubiesen continuado ininterrumpidamente. Según el Informe de Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio “las proyecciones actuales sugieren que las tasas de pobreza en los países en desarrollo en general continuarán bajando en el 2009, pero a un ritmo inferior al registrado antes de la crisis”.57 Por otro lado, según CEPAL, “en 2008 habría continuado disminuyendo la incidencia de la pobreza, a un ritmo menor que en los años inmediatamente anteriores, mientras que habría crecido levemente la cantidad de pobres extremos o indigentes”58.

Según estimaciones de Naciones Unidas, el número de personas viviendo en condiciones de extrema pobreza en el 2009 será entre 55 y 90 millones más de lo previsto antes de la crisis económica mundial59. En la misma línea y según estimaciones del Banco Mundial, la proporción de personas que viven en extrema pobreza declinará tan sólo 0,6 %, comparados con 1,3% promedio en los tres años anteriores al 200960. Para Latinoamérica y el Caribe se estima que el número de personas pobres aumentará de 37,6 millones (6,6% de la población) en 2008 a 40,3 millones (7,0%de la población) en 200961.

Los efectos de la crisis sobre la incidencia de la pobreza extrema también están relacionados con las posibilidades de erradicar el hambre. Al respecto antes de la crisis financiera ya se habían empezado a sentir los efectos de la crisis alimentaria. La extensión del hambre en las regiones en desarrollo está aumentando, y ha pasado de un 16% en el 2006 a un 17% en el 2008. Para el caso de América Latina y el Caribe, Naciones Unidas proyecta que la extensión del hambre no aumentó entre el 2006 y el 2008, pero tampoco logró disminuir. Se proyecta que el porcentaje será nuevamente del 8%62. Y pese a que por la crisis financiera los precios han disminuido a nivel internacional, esto no ha contribuido para que a nivel local los alimentos sean más asequibles para la mayoría de la población, por lo que este indicador seguirá deteriorándose63.Además del impacto de la crisis en la pobreza y el hambre también habrá un impacto negativo en otros Objetivos de Desarrollo del Milenio. Incluso países que iban en camino a cumplir las metas hacia el 2015 (Brasil, Chile, Costa Rica, por ejemplo)ahora tendrán más problemas para lograr las metas de educación primaria completa, igualdad de género en educación, mortalidad infantil y mortalidad materna y al acceso al agua potable y a condiciones sanitarias mínimas64.

El impacto de la crisis es desigual entre los distintos países. Estas diferencias estarán directamente relacionadas con el grado de avance que presentaban los países en el logro del primer objetivo del milenio antes de la crisis. Brasil, Chile, Ecuador y México ya habían alcanzado la meta, mientras Costa Rica presentaba un 95% de avance. Otros cinco, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú y Venezuela han avanzado un ritmo similar o superior al esperado con porcentajes de progreso entre65 y 90%. Las mayores brechas entre la situación actual y el umbral propuesto se observan en Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay donde superan los 12%65. Es factible suponer que éstos últimos serán los más vulnerables a la crisis económica.

2. Impacto en la desigualdad

No puede visualizarse el impacto de la crisis regional solo mirando el crecimiento económico y su incidencia en la pobreza. Será necesario mirar con atención qué ocurre en relación con la distribución del ingreso. América Latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo. Hay regiones tan pobres o incluso más que Latinoamérica, sin embargo en ella no se evidencian los niveles de inequidad que se manifiestan en la región. El quintil más rico absorbe más del 50% de los ingresos y el 20% más pobre solo alcanza en el mejor de los casos a un 5%. Esta situación debilita las capacidades de los Estados democráticos para gestionar participación y acceso de toda la población a sus derechos fundamentales. Si no se resuelve, con políticas amplias, fundadas en procesos consensuales nacionales, la inequidad se perpetuará limitando las capacidades de acceso del conjunto de la población a los bienes públicos que debe proveer el Estado así como efectivizar sus derechos.

De no reducirse la brecha entre ricos y pobres, las vulnerabilidades continuarán expresándose en todas las sociedades latinoamericanas. De igual forma es previsible que se tensionarán los sistemas políticos, se dificulte la aplicación de la ley y se incremente la violencia, a la vez que se reduzca la legitimidad de las instituciones democráticas.

La incertidumbre que rodea la crisis económica hace que todavía no sea posible cuantificar con algún grado de certeza cuál será su impacto sobre la desigualdad. La experiencia histórica demuestra que cada recesión concentra el ingreso y amplía la brecha social. En 20 crisis macroeconómicas en América Latina, en todos los casos el nivel de pobreza aumentó y en los años posteriores se mantuvo en niveles más elevados que antes del shock. La desigualdad aumentó en 15 de los 20 episodios66.Hay ciertos efectos de la crisis que pueden profundizar la desigualdad. Primero, los trabajadores menos calificados representan usualmente la mayor parte de los ocupados de los estratos de menores ingresos. Entre ellos predominan trabajadores por cuenta propia y los asalariados precarios, cuyos empleos resultan usualmente más sensibles al ciclo económico. Esto llevaría a que sus remuneraciones sean las más afectadas67. 


Muchos trabajan en la construcción, sector que como se señalaba anteriormente es uno de los más afectados por la crisis, también en América Latina. Segundo, el incremento del nivel de precios producto de la crisis alimentaria también tiene un impacto distributivo. El alza de precios de los alimentos afecta más a los más pobres por dos razones. Primero, por dedicar gran parte de sus recursos a la alimentación, de modo que el alza de los alimentos tiene un efecto directo y este es muy superior al del IPC. Segundo, los más pobres compran alimentos poco o nada elaborados, cuyos precios están más influidos por el precio de la materia prima, de modo que en coyunturas como la actual sufren más por el alza de precios que otros grupos con más capacidad de pago68.Por último, las restricciones al crédito han sido negativas para todos los estratos poblacionales, pero los más afectados son aquellas personas de menores ingresos al no ser considerados “sujetos de crédito” desde el punto de vista financiero. Esto afecta directamente y en mayor grado a las micro y pequeñas empresas, lo cual posee un efecto amplificador en el conjunto de los empleos. Todos los factores mencionados auguran un escenario nada favorable en relación con la desigualdad y la inequidad, de allí que será fundamental adoptar medidas y políticas públicas con el fin de prevenir estas situaciones de deterioro, en especial su impacto negativo en la polarización social y política. Éstas afectan la estabilidad democrática, las capacidades de gobernabilidad y la convivencia democrática esenciales en la armonía de los sistemas políticos abiertos y democráticos.

3.  Impacto sobre la democracia

América Latina ha vivido un importante periodo democrático, aunque las instituciones democráticas son débiles. El golpe de Estado y la crisis hondureña marcarán un hito en esta tendencia histórica, de allí la importancia de recuperar lo más rápidamente posible el Estado de Derecho y el imperio de la constitución. Todo esto ratificará en nuestra región la decisión de hacer prevalecer los valores y principios de la Carta Democrática de las Américas. Estas dos décadas de procesos democráticos han mostrado un importante apego a los procedimientos democráticos, principalmente elecciones abiertas y cada vez más transparentes, aunque en los últimos años han tendido a reaparecer cuestionamientos en los resultados electorales. También las tendencias reeleccionistas, a partir de un cambio en las reglas del juego, han erosionado la confianza ciudadana y polarizado muchas de las sociedades de la región. Una tarea esencial de la democracia es que esta “se haga cargo de las demandas de quienes han estado históricamente postergados. (…) lo que estamos hablando, justamente, es como la democracia, más allá de ser naturalmente una democracia representativa, que elija a quienes lo representan, que sea una democracia que realmente garantice que los ciudadanos puedan realmente tener igualdad deoportunidades.”69 Esto significa expandir y profundizar la ciudadanía, fortalecer y efectivizar los derechos de las personas. En ello el rol de las políticas públicas es esencial. En la construcción de estas políticas públicas que promueven la participación, los derechos y la profundización de la democracia, es indispensable construir consensos sólidos en cada una de las sociedades en donde el Estado democrático

tenga una capacidad de liderazgo fundamental, lo que permitirá alcanzar las Metas del Milenio para el conjunto de la ciudadanía, también profundizar y efectivizar la democracia, reduciendo la exclusión y mitigando las desigualdades.

Cuidar la democracia, fortalecerla, significa actuar en contra de viejas prácticas de los sistemas políticos de la región, como son: el clientelismo, la demagogia y el mesianismo. Una tarea esencial es promover la confianza interpersonal y en relación con las instituciones democráticas; ampliar los espacios de participación e iniciativas de los ciudadanos en los contextos democráticos constitucionales de cada país,

todo ello en un marco de una mayor transparencia y acceso a la información. El resultado serán ciudadanos y ciudadanas más informados que apoyen y respalden los sistemas políticos democráticos, pero que, a la vez, puedan exigir y demandara sus gobiernos para satisfacer los mínimos sociales que demanda la cohesión e integración nacional y de la región latinoamericana y caribeña.

4. Más demandas al Estado

El cambio de paradigma no sólo afecta a los marcos teóricos con los cuales se analiza la realidad y se construyen hipótesis sobre las cuales se toman decisiones. El cambio de paradigma, luego del fracaso del Consenso de Washington, evidenciado en el colapso generado por la crisis financiera, obliga también a repensar el rol del Estado, en sus capacidades para actuar en el contexto de la globalización, tanto en relación con los fenómenos transnacionales y globales (pandemias, cambio climático, crimen organizado, entre otros), como frente a cuestiones estrictamente locales ligadas a la convivencia democrática y la cohesión social. Es sobre los gobiernos democráticos y sus instituciones donde se focalizan las demandas de las y los ciudadanos, desde las demandas básicas de protección y seguridad – frente a la delincuencia local y transnacional – como a otras necesidades esenciales ligadas a la salud, la alimentación, la vivienda. Es decir, una demanda de efectivización de bienes públicos nacionales cuya concreción permite la cohesión social, la convivencia democrática y una mayor armonía cívica, así como en los debates políticos. La democracia electoral está en pleno funcionamiento en América Latina y el Caribe. El apoyo a la democracia se ha mantenido constante en la última década en un promedio que fluctúa alrededor del 57%. Esto refleja que la democracia en la región tiene un apoyo significativo, sin embargo el grado de satisfacción con la democracia evidencia un gran descontento. Solo un 37% de los latinoamericanos consultados señalan que están satisfechos con la democracia. Eso significa que una inmensa mayoría no encuentra respuestas a sus principales demandas o preocupaciones en los sistemas democráticos de la región. Lo anterior se manifiesta en que en muchos de los países las sociedades se encuentran fracturadas. Así también, en otros países, las tensiones políticas polarizan a la sociedad. Muchas de estas tensiones se expresan de manera violenta generando inestabilidad y crisis política. La carencia de respuestas genera frustración, desapego e insatisfacción con los gobiernos democráticos. Todo ello en algunos casos es un detonante de la “democracia de la calle”. Esta forma particular de protesta ha incidido en la estabilidad de los sistemas políticos de la región e incluso ha obligado a la renuncia anticipada de mandatarios.

Un problema compartido por los Estados latinoamericanos es que fueron desmantelados, triturados y reducidos en la inmensa mayoría de los países, a lo largo de las dos décadas en las que imperó una mirada neoliberal sin contrapesos. Esta colocó exclusivamente el acento en el mercado sin ningún tipo de regulación. El resultado fueron Estados desarticulados, sin recursos y con bajas capacidades de acción. En el contexto de la crisis el liderazgo democrático debe simultáneamente reconstruirlas capacidades estatales, en particular su capacidad de regulación. A la vez, debe tomar medidas de emergencia, tanto de carácter macroeconómico como políticas, para enfrentar los graves impactos de la crisis financiera en cada uno de nuestros países y que posee efectos devastadores en nuestras sociedades. Esto en un marco de demandas crecientes sobre estos débiles Estados.

El Estado debe hacerse responsable y poseer las capacidades mínimas para garantizarlos bienes públicos esenciales que permitan alcanzar la cohesión social y darles seguridad a las y los ciudadanos. Si no lo hace todo esto se traduce en situaciones críticas en las cuales los gobiernos no pueden resolver las demandas básicas de la sociedad y aparecen casi como “Estados fallidos”, es decir, Estados donde no opera la Constitución, el Estado de Derecho, ni las garantías básicas para su población. Estas pueden ser situaciones extremas en la región, pero debe tenerse en cuenta que la crisis financiera global puede empujar a muchos Estados a una situación de parálisis en la cual no puedan responder a las demandas crecientes de sus ciudadanos y ciudadanas para obtener los mínimos sociales necesarios para su subsistencia. De allí que reforzar el Estado democrático en la región es tarea fundamental.

5. Tensión a los sistemas políticos

América Latina presenta un nuevo mapa político que ha tendido a consolidarse. Los diferentes sistemas políticos poseen distintas miradas y prácticas diversas en distintos ámbitos. Entre otros, se diferencian en aspectos tales como el rol del Estado y el mercado, la inserción internacional, el papel de la inversión extranjera y la función de las instituciones en el contexto democrático. Las propuestas políticas tienden a polarizarse en los ciclos electorales y en situaciones de crisis. La crisis financiera y su impacto en la economía real de los países latinoamericanos ha tensionado los sistemas políticos y los espacios para el debate y expresión de propuestas. La incertidumbre y el miedo propician estallidos sociales. Ya se han visto algunas expresiones de esto. El caso de Perú es quizás el que mayor relevancia mediática ha tenido por las protestas en la Amazonía, que dejan un saldo de casi medio centenar de muertos. La plataforma de quienes protestan contra el gobierno exige la renuncia de las principales autoridades políticas, en una reedición, en un tono menor, al que se expresó en Argentina, en el año 2001, con el “que se vayan todos”. El Golpe de Estado en Honduras es interpretado, principalmente, desde el liderazgo de los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), como una reacción contraria al cambio promovido por los países agrupados en torno a esta alianza política. Para quienes lo apoyan, el golpe es un triunfo sobre el comunismo.

Las tensiones en los sistemas políticos se están incrementando porque la crisis financiera posee repercusiones inmediatas sobre los recursos fiscales. Los Estados están recaudando menos impuestos, tanto por el menor volumen de actividad en todos los países como por un rezago en los pagos.

Los gobiernos tienen menos recursos y más demandas. Cuando tratan de acceder a los créditos estos se encuentran cerrados, tanto para ellos como para el sector privado. La crisis obliga a una mayor inversión

social pero no se tienen recursos ni existe la posibilidad efectiva de incrementar los déficit, lo que se traduce en tensión política, discrepancias parlamentarias y crecientes protestas sociales. En este contexto lo peor pudiese ser la militarización de la política. Se debe evitar la criminalización de la protesta social. Para ello se deben buscar formas de diálogo permanentes que procuren encontrar soluciones consensuadas entre los principales actores en cada una de las sociedades y regímenes políticos. El panorama de prácticamente 20 años de las crisis políticas nacionales y tensiones internacionales, en América Latina y el Caribe, muestra al menos 46 incidentes importantes que se han manifestado en la salida anticipada, de sus plazos constitucionales, de doce Jefes de Estado. El último de los casos fue el caso de Manuel Zelaya en Honduras en junio del presente año por un golpe de Estado.

Además de las condiciones estructurales generadas por los factores ligados a la inequidad en cada uno de los países, el factor corrupción se constituye en un elemento esencial que es percibido por la ciudadanía como determinante, en su grado de satisfacción o insatisfacción, con el gobierno y con la legitimidad de las instituciones democráticas.

Una de las mayores debilidades que muestran los sistemas políticos de la región se refiere al bajo grado de confianza que posee la ciudadanía en los partidos políticos, en la institución parlamentaria e, incluso, en la institución judicial. La falta de apoyo y de confianza en las instituciones básicas de la democracia debilita la gobernabilidad y con ello se produce un círculo vicioso negativo que refuerza las oportunidades para la corrupción y los actos políticos ilícitos desde el poder. Esta situación conlleva a un incremento de las tensiones, lo cual genera incertidumbre sobre el conjunto del sistema político afectándolo gravemente.

6. Dificultad de la gobernabilidad democrática

Dos ámbitos en los cuales las dificultades en la gobernabilidad se expresan con fuerza son el respeto al Estado de Derecho, y el monopolio en el ejercicio de la fuerza por parte del Estado. El incremento de las tasas de mortalidad por homicidios en la región, muestra una de las facetas más graves y urgentes que es necesario atender. Los estudios efectuados por diversas entidades, en especial la OMS, muestran quela inequidad es el mejor predictor sobre la violencia. Situaciones de inequidad conjuntamente con un fácil acceso a las armas livianas, a las drogas y al alcohol inciden directamente en el incremento en las tasas de homicidios dolosos, lo que repercute en las percepciones de la seguridad ciudadana y en las demandas sobre el Estado.  


En el actual contexto, los impactos sobre las personas de la crisis financiera global y sobre las demandas al Estado en materia de seguridad se han incrementado. La respuesta es débil por la carencia de recursos; es equívoca en cuanto al aumento automático de las penas; y es contraproducente con la aplicación de “políticas de mano dura”. Es necesario mejorar las formas de coordinación entre las instituciones nacionales y, a su vez, en el ámbito regional para enfrentar las crecientes demandas de cooperación en este ámbito.

Ya antes de la crisis, los Estados de la región evidenciaban graves dificultades en la aplicación de la ley para todos. El Estado de Derecho se encontraba erosionado por la corrupción y, en muchos casos por el crimen organizado. Las debilidades institucionales dificultaban un efectivo ejercicio de los derechos del conjunto de las y los ciudadanos. Manifiestan que la ley no se aplica de igual forma para todos.

La falta de imperio de la ley y, en muchos casos, la pérdida del monopolio de la fuerza, afectan gravemente la gobernabilidad y provocan poco apoyo a los sistemas democráticos y a los gobiernos urgidos en los procesos electorales. La falta de participación ciudadana se ha incrementado en la mayoría de los países y ello es reflejo de la falta de confianza en la institucionalidad democrática y en especial en las instituciones que le sirven de soporte, como son los partidos políticos, los parlamentos y un poder judicial independiente. Todo esto se traduce en un menor apoyo a la democracia, lo que redunda en una mayor permisividad de actitudes, propuestas y acciones no democráticas, que surgen en las distintas sociedades. 


El crimen organizado está inhibiendo el ejercicio de derechos básicos de los ciudadanos y las ciudadanas. Estos quedan “prisioneros” en sus hogares y han perdido muchos espacios públicos que hoy están en manos de delincuentes armados. La libertad de circulación se ha perdido o restringido en muchas áreas de las ciudades latinoamericanas o a determinadas horas en las distintas urbes. El Estado ha dejado de estar presente en muchos de estos espacios. La cara visible del Estado no puede ser únicamente la de la fuerza y la represión. El Estado debe estar presente en el conjunto del territorio a través de sus diferentes instrumentos y marcos institucionales, en especial la educación, la salud, la vivienda, las obras públicas, la cultura. En fin, todo aquello que hace a la construcción de una fuerte cohesión social; elemento esencial para la armonía política y la convivencia democrática.

7. Respuestas de los gobiernos

En los diferentes países se han adoptado medidas referidas a políticas monetarias y fiscales; en algunos casos se han adoptado nuevas políticas de protección social, entren los que se han  establecido formas que posibilitan evitar despidos masivos. Sin embargo, en el ámbito propiamente político son pocas las medidas y acciones adoptadas para prevenir la desestabilización de los sistemas políticos democráticos.

Estas son medidas de carácter urgente que deben buscar subsanar la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas y, con ello, establecer las mejores condiciones para la gobernabilidad democrática. Tomar medidas específicas para prevenir la desestabilización es algo que debe ser tomado en cuenta por todos y cada uno de los gobiernos.   


En el contexto de la crisis financiera global la desestabilización de un régimen político de la región puede arrastrar consecuencias hacia el conjunto. Las medidas que se adopten en el ámbito político para reducir la polarización política, no el debate político, son fundamentales; eso otorgará mayor espacio para que instituciones como el Congreso y los partidos políticos, en diálogo con el gobierno, puedan recuperar su legitimidad, o al menos, no continuar perdiéndola. De igual forma, dado el contexto de la crisis económica es necesario acatar políticas que puedan prevenir situaciones de violencia, tanto en el marco de protestas sociales, como de conflictos sociales particulares, producto del impacto de la crisis en un ámbito determinado. 


El conflicto social no  puede ser criminalizado y, por lo tanto, se requiere diseñar repuestas adecuadas para enfrentarlos, las cuales podrán no solo encausar ese conflicto, también que generar perspectivas de soluciones más amplias. Otro ámbito donde es importante adoptar medidas preventivas es el referido a la delincuencia común. En este ámbito la acción de los gobiernos locales es fundamental. La coordinación de políticas con el gobierno central son esenciales en particular para prevenir el vinculo entre la delincuencia local con el crimen transnacional.

CONTINUARA…

COMPILADORES: FRANCISCO ROJAS ARAVENA, CARLOS GERARDDO MORALES OLIVERA Y ALBERTO GAMBOA RAMIREZ

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

57  ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, pp. 6-7.

58  CEPAL, Panorama social de América Latina 2008, p. 48.

59  ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio, p. 6.

60  Banco Mundial, Global Monitoring Report 2009, p. 48. Disponible en: www.bancomundial.org

61  Banco Mundial, Global Monitoring Report 2009, p. 48.

62  ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio, p. 11.

63  ONU. Objetivos de Desarrollo del Milenio, p. 4.

64  Sánchez, Marco y Vos, Rob. “Impact of the global crisis on the achievement of the MDGS in Latin America”.

65  CEPAL, Panorama social de América Latina 2008, p. 18.

66  Organización de Estados Americanos (OEA). La crisis económica global: Efectos y estrategias políticas. Washington

67  CEPAL, Panorama social de América Latina 2008, p. 48.

68  García, El impacto de la crisis de los alimentos, p. 4.

69  Bachelet, Michel “Discurso inaugural en el XXI Congreso Mundial de Ciencia Política”, Santiago. 13 de julio 2009