UN VISTAZO A LA SEGURIDAD PÚBLICA
Mucho se habla de la interpretación de las leyes, de su aplicación
indistinta y de las garantías de seguridad jurídica que provee al ciudadano
mediante su persecución y enfoque; no obstante en la realidad existen algunos
factores que restan credibilidad a los sistemas judiciales que la aplican.
El Derecho es el orden normativo e institucional de la conducta humana
en sociedad, inspirado en postulados de justicia y cuya base son las relaciones
sociales existentes que determinan su contenido y carácter jurídico; ahora
bien, si la máxima premisa es hacer valer la ley por encima de cualquier
circunstancia, no se entiende como el derecho proporciona figuras extrañas que
distorsionan o desvían su esencia.
La palabra proviene del vocablo
latino “directum”, que significa no apartarse del buen camino, seguir el
sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se
entiende por Derecho que, es un conjunto de normas jurídicas, creadas por el
estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de
incumplimiento esta prevista de una sanción judicial.
Según De Pina Vara; “El Derecho es
el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades,
que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los
miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad,
libertad y justicia”; postulado que parece lejos en medio de tanta
injusticia sobre todo social.
Ahora bien, si trasponemos el concepto de seguridad por encima del
de derecho como un garante de su mismo cumplimiento, tendremos que replantear
la perspectiva de la ciudadanía, partiendo de la descomposición del aparato
judicial.
La seguridad pública es una garantía constitucional erigida bajo
un contexto de protección ciudadana que insta a todos los participantes de una
comunidad a vivir en armonía, cada uno respetando los derechos del otro; el
estado es el garante de ella y es el máximo responsable a la hora de evitar
alteraciones del orden público. Es
una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la
inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las
personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica
y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.
La
aplicación del derecho en México, se fue consolidando con la aparición de las
primeras instituciones y actores políticos; esta relación del pueblo con sus
leyes y gobernantes fue hasta mediados de los años 50`s una herramienta solida
de manejo social que le permitió al país, mantener su idiosincrasia intacta por
mucho tiempo.
Sin
embargo con el paso de las administraciones gubernamentales (la mayoría de
extracción priista), los problemas de corrupción se agudizaron, migrando de las
antiguas, acostumbradas (y hasta inofensivas) corruptelas financieras al calor
de compadrazgos y prebendas; a una variante más ofensiva y rapaz que radicaba
su estilo a base de agresiones y violencia exacerbada para conseguir sus fines,
encontrando nuevas modalidades de lucro como el secuestro o la extorsión y teniendo como marco ambivalente a la
infiltración policíaca.
Al asumir Felipe Calderón su mandato en diciembre del 2006, tenía
ya detectada y comprendida la crisis de violencia por la delincuencia
organizada que asolaba al país en ese entonces y a ese nivel.
De igual forma su estrategia circundaba en el eje de la lucha
frontal contra ella (la delincuencia) sin tregua ni descanso, hasta alcanzar
así los objetivos planteados por su administración en el tenor de revertir ese
clima de zozobra y temor al interior de algunas ciudades de estados
principalmente al norte del país.
Al desarrollarse dicho plan de ataque, la realidad demostró que no
solo los estados del norte presentaban estos signos de violencia y
confrontación, sino que además ciudades del centro y sur de la republica se
sumaban en una escalonada ola de delitos al de por sí ya descompuesto ambiente
social del país.
Las acciones no se hicieron esperar y el poder legislativo se dio
a la tarea de buscar reformas en lo judicial, en espera de encontrar elementos
de apoyo en su labor de aplicación jurídica; por lo tanto emergieron propuestas
y actores legislativos que en el más puro afán de la procuración de la justicia,
apoyaron y consolidaron la Ley general de seguridad pública que ahora se
pretende hacer valer a través de la creación de una sola Policía con mando
único, la cual arrojaría resultados favorables; una prueba es la captura y
desarticulación de bandas delictivas y el aseguramiento de bienes provenientes
del lavado de dinero.
El miércoles 18 de junio de 2008, el
presidente Felipe Calderón firmó en el salón Tesorería del Palacio Nacional el
decreto correspondiente a la Reforma Constitucional en Materia de Justicia
Penal y Seguridad Pública.
Con este decreto firmado, aseguró Calderón,
se consolidaría un sistema de seguridad y justicia penal mucho más moderno y
mucho más efectivo, que garantizaría el acceso a la justicia de forma más
equitativa y expedita a los ciudadanos;
los artículos modificados son el 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones
XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción
XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin embargo al hacer una retrospectiva hacia
el sexenio próximo pasado nos daremos cuenta que a pesar de contar con las
mismas condiciones partidistas y de apoyo legislativo, la decisión arraigada en
el Poder Ejecutivo se mantuvo tibia y desproporcionada en cuanto a la labor de
algunos representantes populares que sí buscaron reformas en ese sentido.
Vicente Fox también recibió un país flagelado
por la delincuencia, y la modificación a artículos como el 115 y el 123 ya se
encontraba contemplada por el poder legislativo desde el recrudecimiento de la
violencia a fines de los 90 durante el mandato de Ernesto Zedillo; no obstante
el Poder Ejecutivo se mantuvo firme en su postura (o blandengue) ante la cruda
escena nacional que ya le exigía resultados.
El antecesor de Calderón pasaría a la
historia como uno de los presidentes más indecisos, apáticos y faltos de visión
y seriedad al interior de su mandato constitucional, muy a pesar de su
disposición inicial, rasa y populachera que lo caracterizó durante su gestión;
la cual contrasta con la decisión y premura del actual presidente por alcanzar
acuerdos a pesar del uso exacerbado de la fuerza y el descontrol y descuido de las instituciones; tales como
el caso de la Guardería ABC, las liberaciones de delincuentes a través de
funcionarios corruptos y la vulnerabilidad a los derechos humanos por parte de
las autoridades judiciales.
Ahora a escasos meses de concluir nuestro actual mandatario su valiente gestión,
parecen ser mas los inconformes ante sus resultados claros pero a la vez
inciertos; pues a pesar de la nobleza y valor de su intención patriótica, el
impacto de la respuesta violenta activo la sensibilidad de algunos connacionales y apuntalo la
falta de cooperación legislativa ante inminentes reformas.
El manejo de la seguridad pública ha evolucionado
en el tenor de sus propios interactores dando pieza a su contraparte que es la
misma inseguridad; de la misma forma en que se reforman las leyes para su
aplicación moderna, así también los delincuentes encuentran nuevas vías para
evadir a la justicia convirtiendo esta virtual evolución en una espiral de
violencia que impacta con más fuerza, no a los políticos ni delincuentes sino
al ciudadano común.
Por
Gerardo
Morales
PROPIEDAD INTELECTUAL: TODOS LOS
TEXTOS SON ORIGINALES DE CARLOS GERARDO MORALES OLIVERA
A EXCEPCIÓN DE LAS CURSIVAS Y
NEGRITAS.
REFERENCIAS: INT, AL DERECHO; DE
PINA VARA, RAFAEL
PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO 2007-2012, EJE 1
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