LAS PRISIONES PRIVADAS
El tema de la drogadicción es un arma de dos filos que necesita de un marco seguro para su simple dilucidación y análisis; requiere de un panorama abierto de entendimiento y del previo conocimiento de lo que se aborda para no caer en especulaciones o apreciaciones subjetivas. Ayer el presidente de la nación Felipe Calderón en el marco del día internacional contra las adicciones, dirigió un mensaje en este sentido que no solo dejo un hueco en quienes esperaban una propuesta de mayor calibre en esta ultima etapa de su mandato, sino que terminó de decepcionar a un grueso importante del país que indudablemente vive aquejado pro este gran problema de salud.
Hablar sobre sustancias que no están permitidas jurídica y socialmente en entornos con una identidad conservadora histórica (sobre todo aquellos que sobrevienen a una conquista; observando la contrastante diferencia ideológica de quien los conquistó); es entrar a un debate no solo sobre los resultados que se esperan sobre el uso y sus usuarios, sino también sobre la generalidad de la apreciación a cuanto a conductas y estilos; deviniendo estos claro está, de los valores, actitudes y creencias de cada quien.
Como el ciudadano comúnmente sano no sabe a ciencia cierta de lo que habla al hacer referencia a cualquier tópico adictivo sobre sustancias prohibidas, es lógico que generalice una personalidad relacionada a ese contexto sin sujetar su criterio a la validación, comprobación y fidelidad de lo que exprese. Es relativamente cierto que la descomposición de la personalidad en defecto del uso de drogas no se puede negar; pero las razones o motivos que orillan a determinados individuos a su consumo, y más aún; el manejo y control de su personalidad que pueden llegar a desarrollar en el trayecto histórico de su adicción y del mismo nivel de consumo, merece un estudio aparte y una división de la generalidad social recurrente que ubica a todos los enfermos adictos por igual.
Definitivamente el uso de sustancias prohibidas es nocivo para la salud, en eso no existen cortapisas; es comprensible que partiendo de una cultura global en cuanto a los servicios sanitarios y de seguridad social (pues son servicios y derechos obligatorios en todo el mundo), se censure el consumo de cualquier elemento que altere el funcionamiento del cuerpo y vicie los entornos regularmente sanos. Es contundente el rechazo de la población al solo hecho de aceptar que una sustancia forme parte de una cuadro de legalidad jurídica, pues la cultura de generalización sobre el sector humano que las utiliza impide reconocer las características individuales de cada enfermo; orillando a quien decide alejarse de ese mundo a regresar a el por encontrar un panorama de incomprensión y bloqueo por parte de la sociedad inmediata.
Bajo este concepto (muy malo por cierto), el gobierno tiende a rechazar categóricamente cualquier intención de regular el consumo de cualquier sustancia prohibida, argumentando que el impacto social generado derivaría en un costo muy alto para la población en general pues el índice de consumo se dispararía y sería mas difícil de controlar el acceso a determinada droga (tremendo engaño); revelando con esta aseveración que las autoridades gubernamentales no tienen la menor intención de combatir el narcomenudeo ni de atender a la población que ya depende de una sustancia y tiene que vivir al borde de la inseguridad por proveerse en medio de una ilegalidad que al ser perseguida no distingue razones, estatus o niveles de adicción.
La razón primordial por las cuales la mayor parte de actores incidentes en la resolución de las leyes no actúan en consecuencia de atender un problema serio de injusticia humana (lo es al negar el derecho de un adicto a explicar su razón de ser y alcanzar un beneficio en virtud de su propia decisión de drogarse con responsabilidad o rehabilitarse de la mano de un programa de gobierno); se debe a un mero conflicto de intereses que derivaría el dejar de percibir las concesiones que el mismo narco genera a través de la corrupción de nuestro sistema de justicia y los responsables de su aplicación.
El descartar determinada sustancia del cuadro de ganancias que percibe un funcionario corrupto al permitir su ingreso, transportación, maquila y distribución (mayoreo y menudeo); la interacción de prebendas también se frena y al instante dejan también de percibir ese beneficio (más bien maleficio) todos los que estén inmiscuidos en esa cadena corrompida de valor.
De alguna manera también se incluye al sector salud como mecanismo emergente de protección a la perspectiva gubernamental de oposición a la legalización de una sustancia, alegando como siempre la desproporción social que indica el acrecentamiento del consumo; pero olvidando como siempre que hacer con tantos enfermos que ya están involucrados en esta vorágine de autodestrucción.
Si otras enfermedades como el VIH o la diabetes, están debidamente tipificadas y se percibe que ambas tienen como referencia un historial explicito de contracción o afección individual; no se entiende como el uso exacerbado de sustancias prohibidas no puede ser regulado por un organismo de salud que diseñe un programa de control de adictos y no de adicciones; pues es lógico que es más fácil atacar un problema local ( que sería la población nacional adicta), que la adicción (y su nivel global de posicionamiento actual); es incomprensible porque siempre hablan de la población adicta y su carencia de oportunidades sin hacer nada por revertir la situación en una nación que difícilmente deja sus hábitos de consumo.
Atacar la drogadicción no requiere precisamente del bloqueo al acceso de ellas, precisaría construir una identidad cultural de consumo para ir diluyendo el esquema de disipación y “desprendimiento de la realidad” que rodea la personalidad intrínseca de las sustancias prohibidas; sería adecuado fomentar la información no solo negativa de las adicciones sino los casos rescatables de adictos que llevan una vida normal y controlada ante su sociedad inmediata, como referentes positivos de la responsabilidad o el estilo; y como principales destructores de mitos y descripciones inciertas sobre la generalización de los efectos.
Sería ideal que a raíz de la proliferación de “sectores libres emergentes” que aparentemente vulneran la sana convivencia social en los espacios, como las sociedades de maestros disidentes que cierran escuelas; los movimientos de estudiantes “hartos” o la misma sociedad lésbico-gay que toman las calles para manifestarse; también emergieran los adictos consuetudinarios que mantienen un estatus responsable de sus vidas, exigiendo su derecho de inclusión y alto al bloqueo contra sus personas o expresiones en una sociedad supuestamente igualitaria; exigiendo el reconocimiento a su esfuerzo diario por cumplir con lo que la sociedad les demanda, pero con la diferencia de estar presos en una oscura prisión privada.
Entender a las personas que consumen drogas no es un asunto de ética ni de cultura nacional, simplemente es de humanidad; si todos los seres humanos son susceptibles a lo que regularmente conocemos como por ejemplo los cambios climáticos o percibimos, como la injusticia por decir algo; tendríamos que entender que cuando no conocemos a ciencia cierta una cosa es muy difícil atinar a decir algo justo o siquiera coherente, sobre todo si se trata de asuntos de mero y libre albedrío individual, como la decisión de ingresar, permanecer o salir del oscuro mundo de las drogas.
Por
Gerardo Morales
PROPIEDAD INTELECTUAL: TODOS LOS TEXTOS SON ORIGINALES DE CARLOS GERARDO MORALES OLIVERA
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