ENTRE PODERES TE VEAS
Mucho podemos cavilar sobre los cimientos que dieron piso a la federación mexicana como tal, algunos incluso (historiadores principalmente) suponen escenarios falsos y elementos inconsistentes sobre la evolución que se gestó en torno a la conformación de un Estado nacionalista, que impulsara sobre todo el desarrollo social de la naciente república.
Antes de consolidar un esquema político que permeara la participación de la clase acomodada e intelectual, por encima del grueso poblacional de la época que indudablemente era de clase baja, (clase que incluía al sector agrícola, obrero y en general a los que menos tenían) se aplicó un modelo liberal que protegía los intereses de unos cuantos y que garantizaba el acceso a las incipientes instituciones que regulaban la actuación de los individuos en ese entonces.
Al derivar todas las expectativas de lucha en una independencia del yugo español e instalar un sistema político de lo conservador a lo liberal, habiendo pasado por la institución del imperio en un par de ocasiones, y al final concluir en una gesta revolucionaria que provoco la promulgación de la constitución política de 1917; bien se puede considerar la conformación del Estado Mexicano como un baluarte de lucha y justicia social.
En lo personal, “mi Estado Mexicano” es la oportunidad de nacer en un sistema donde encuentro sentido de pertenencia e interactuó con mis connacionales en la búsqueda de unidad política, social y cultural.
Para alguien sin una identidad nacional definida, elucubrar a favor de un concepto tan relativo lo remitiría a pensar en este como una estricta definición y no como un elemento jurídico; esto quiere decir que seguramente lo ubicará mas como una parte de la geografía nacional y no como el orquestador de ella misma, lo cual es en términos llanos su más correcta aplicación, sin contar las demás concepciones a la cual se sujeta la palabra como tal.
La concepción de Estado, derivada del derecho como un recurso geopolítico que define las vertientes de su aplicación mediante esquemas jurídicos apegados estrictamente a derecho y en virtud de su sana persecución, tiene que ver más con la concepción etimológica de la palabra que su intención jurídica.
Este concepto comenzó a ser utilizado regularmente por Maquiavelo en su obra “El príncipe” a mediados del siglo XVII, durante una época difícil y con una población fuera de control y ávida de resultados; poco después se fue incorporando al argot jurídico de manera sistemática.
La relación inicial que se da entre este concepto y la aplicación del derecho tiene lugar en la gesta heroica francesa que derivo en Revolución; desde el atropello del "El estado soy yo" manifestado como el más nocivo absolutismo, y donde este pueblo (Francia) sintió la negación total de sus derechos y rotos todos sus principios e ideales; es ahí donde empieza a crecer el resentimiento y surge poco a poco la semilla de la rebelión, y ésta había de manifestarse con toda su violencia y hacer explosión, para culminar el 14 de Julio de 1789.
Esta revolución dio paso a nuevas formas, con todas sus naturales e impropias acciones excesivas cometidas. La mayor aportación que este levantamiento dio, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se fundamentó en la teoría de Jean Jacob Rousseau, que escribió en su obra "El Contrato Social."
El año de 1789 es de primordial importancia en la constitución del Estado, puesto que los rumbos señalados cambiarían al mando en sus procedimientos y formas gubernamentales, como también en la nueva concepción del hombre que se convirtió en ciudadano para ayudar a los fines de este; los fines de un nuevo Estado nacido de la sangre de muchas personas, surgido de las cenizas del despotismo y la crueldad: El Estado Moderno de Derecho.
Ahora bien la constitución de un Estado de derecho que cumpla con las expectativas políticas, jurídicas y sociales de todos sus participantes por igual debe considerar puntos garantes en algunos elementos básicos para su construcción tales como su composición social, su nivel gubernamental y su espacio territorial.
Como “Pueblo” entendemos al compuesto social de los procesos de asociación en el emplazamiento cultural y superficial, o el factor básico de la sociedad, o una constante universal en el mundo que se caracteriza por las variables históricas. El principal valor del pueblo está en su universalidad. No habrá Estado si no existe el pueblo y viceversa; aquí percibimos claramente la libertad para asociarse y determinar el nivel de interacción con nuestros compatriotas en un mismo núcleo.
Al “Poder” lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas. Toda sociedad, no puede existir sin un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines propuestos; en este punto entendemos al poder como “Gobierno”, la garantía máxima de todos los ciudadanos para acceder a la justicia y sus elementos.
El “Territorio” es el último elemento constitutivo del Estado se le considera como el elemento físico de primer orden para que surja y se conserve el Estado, pero la formación estatal misma supone un territorio; en este caso el ser parte de la geografía nacional ya es una garantía de pertenencia e identidad.
Estos tres elementos constitutivos del Estado trasmutan en garantías aplicables en lo individual y colectivo, en el caso de la población se percibe la libre asociación dentro de un espacio geopolítico, en el caso del poder se percibe el derecho a estar dentro del marco de la ley que corresponda y en el del territorio el derecho a permanecer en el país con plena libertad de sus derechos.
Al hablar de garantías individuales suponemos que la expresión deduce a una sola persona, sin embargo en la interpretación de nuestras leyes muchas veces una figura individual corresponde a un rango colectivo de actuación en determinado ámbito de competencia.
Las garantías individuales están contempladas en la constitución y son la herramienta de primera mano para los juristas encargados de aplicar la ley en el tenor de exaltar o atenuar sanciones o disposiciones en un momento dado.
Ahora bien, si se trata de equiparar la actuación de los órganos que dependen precisamente de este modelo nacional, pues tenemos que analizar todos los ámbitos de competencia en los que se desarrolle una aplicación legal o se constituya un delito; para este análisis es necesario conocer a fondo nuestro sistema jurídico y el ordenamiento que debe seguir con base a sus elementos constitutivos.
La República Mexicana cuenta con tres poderes emanados de la Constitución política, estos son el ejecutivo, legislativo y judicial; el primero recaído en la figura presidencial. Su función principal es ejecutar las leyes aprobadas por los órganos legislativos, es decir, está facultado para organizar la administración pública de acuerdo con las leyes constitucionales, puede establecer decretos en beneficios de la sociedad y vetar decisiones según sea su apreciación.
En base a esta actuación podemos decir que si bien el Presidente constitucional ha hecho un papel decoroso como gestor o aval de las leyes que nos rigen; bajo mi muy particular óptica pienso que se ha quedado corto al no hacer valer su jerarquía por sobre los intereses partidistas y las actuaciones de algunos servidores en el desempeño de sus funciones tales como las procuradurías y ministerios públicos (dependientes en su totalidad del ejecutivo); no ha podido consolidar sus iniciativas y expresa un estilo impositor en su lucha contra la delincuencia organizada, factor que lo ha desacreditado social y políticamente, a pesar de los logros exhibidos.
El poder legislativo Tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las ya existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. En México, el poder Legislativo se deposita en un Congreso General (Congreso de la Unión), constituido por la Cámara de Senadores (representantes directos de los ciudadanos de los estados) y por la Cámara de Diputados.
Sobre este Poder puedo asegurar categórica y particularmente que la descomposición social y humana en nuestro país se debe a la pobre (pero muy bien pagada) actuación de los legisladores en el congreso; su posicionamiento en las esferas alternas de opulencia y desenfreno encuentra su mayor patrocinio en el gasto público, devenido obviamente de la federación, y es que a pesar de ser nuestros representantes ante la máxima magistratura y su compromiso primordial es con el pueblo, parece ser que se encuentran más preocupados por incrementar sus de por sí ya estratosféricos e inflados ingresos que en sacar adelante las iniciativas de ley planteadas por el ejecutiv; fenómeno que no solo frena el progreso y evolución del País, sino que además sume a la población en una vorágine de rencor e incredulidad hacia sus gobernantes.
Por último el Poder Judicial, este poder consiste en la administración de justicia, es decir, se encarga de conocer y resolver los conflictos que surgen entre los órganos del poder público y/o entre los particulares; los tribunales de la federación están facultados para hacer valer las leyes.
Bajo esta premisa puedo sostener que se trata del Poder mas descompuesto y viciado de los tres, ya que la actuación de los ministros, magistrados, jueces, etc. se encuentra secuestrada por el fenómeno de la corrupción; pues al ser los tribunales y juzgados el núcleo principal de interacción jurídica en un delito, algunos malos servidores ocupan esa cercanía para negociar y hacer valer canales de corrupción en beneficio de un delincuente (el último y más claro ejemplo es la participación en los sucesos criminales ocurridos en el Casino Royal de Monterrey, de un delincuente capturado en flagrancia y más tarde puesto en libertad por un juez bajo un beneficio concedido “al amparo de la ley”, o el ya célebre caso Florence Cassez y su adaptación legaloide en beneficio de la delincuente) lo cual sume a México en una descomposición social aun más severa.
Por todo lo anterior me queda claro que la intención loable de la federación por construir un Estado Mexicano confiable y justo es solo eso, una mera intención nada más; y es que al amparo de la violencia, el cohecho, el soborno, la extorsión y otras tantas bondades derivadas de la mala aplicación de la justicia solo nos queda apelar al sentido común de la humanidad para aspirar a ser un País libre y soberano.
Por
Gerardo Morales
PROPIEDAD INTELECTUAL: TODOS LOS TEXTOS SON ORIGINALES DE CARLOS GERARDO MORALES OLIVERA
A EXCEPCION DE LOS TITULARES EN NEGRITA O CURSIVA
No hay comentarios:
Publicar un comentario